Impuestos ambientales en Colombia (Parte 2): Evolución de la normatividad tributaria ambiental en Colombia



Hola a todos, continúo con esta entrega sobre los Impuestos Ambientales en Colombia. Vamos a hablar ahora, sobre la evolución de nuestra normatividad tributaria ambiental. Bienvenidos:

El Estado Colombiano, por mandato constitucional, está obligado a garantizar un medio ambiente sano a todos sus habitantes (Art. 79 C.P.), contando con una función planificadora en cuanto al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible (Art. 80 C.P.). Todo ello articulado con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Art. 2º, C.P.) y la obligación, tanto del Estado como de todas las personas, de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º C.P.), recordándose además, que la propiedad privada es una función social y ecológica que impone obligaciones a sus titulares (Art. 58 C.P.), entre ellas, el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (Art. 95, Núm. 9º, C.P.), esto es, de aportar a la construcción y desarrollo del proyecto de Nación, equilibrando las cargas públicas que dan efectividad al Estado Social de Derecho, bajo principios de solidaridad y generalidad (Corte Constitucional, Sentencia C – 397 de 2011).

Sin embargo, el control de la contaminación en Colombia se remonta a la Ley 23 de 1973, que facultó al Congreso a expedir el primer Código Nacional de Recursos Renovables y del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974), que sentó las bases para la posterior legislación ambiental en el país, marcada entre otras, por la Ley 99 de 1993 (mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental), con la cual se consagró para el Estado el fomento de la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del medio ambiente, así como para la conservación de los recursos ambientales renovables (Art. 1º, Ley 99 de 1993).

Como se verá a continuación, el marco normativo ambiental colombiano ha hecho uso de beneficios fiscales (desde 1989) e impuestos verdes (2016) como instrumentos para el control ambiental, así:

1974
Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente)
1989
Decreto 624 de 1989: se otorgaron descuentos en renta a quienes realicen inversiones en programas de reforestación.
1990
Ley 44 de 1990: se introduce la opción de otorgar beneficios fiscales para la gestión ambiental (Art. 20).
1993
Ley 99 de 1993: se creó el Ministerio del medio Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se organizó el Sistema Nacional Ambiental, entre otras disposiciones. Se definieron los principios generales ambientales, como guía para la política ambiental.
1995
Ley 223 de 1995 (reforma tributaria): se consagra la posibilidad de excluir de la obligación de pagar el impuesto al valor agregado (IVA), a todas aquellas actividades destinadas a la adquisición de bienes y elementos para el control de la contaminación y monitoreo ambiental; y se precisó la Ley 44 de 1990, en cuanto a la posibilidad de reducción de la renta líquida gravable por el impuesto respectivo en un 20 % por inversiones ambientales.
2001
Decreto 2532 de 2001: reglamentario del Núm. 4º del Art. 424 – 5 E.T. (derogado por la Ley 1607 de 2012), requisitos para solicitar la exclusión del IVA para equipos y elementos destinados a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental.
2002
Ley 788 de 2002 (reforma tributaria): se mantienen beneficios de exclusión de IVA, se clarificó el ámbito de aplicación de lo relativo a inversiones ambientales, indicando que tales emisiones deberán otorgarse a inversiones que no correspondan a obligaciones vinculadas a las licencias ambientales.
2003 – 2004
Decreto 3172 de 2003 y Resolución 136 de 2004: reglamentarios del Art. 158 – 2 E.T. (derogado por el la Ley 1819 de 2016: deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente).
2007
Resolución 978 de 2007: establece la forma y requisitos para presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las solicitudes de acreditación para obtener la certificación de los Arts. 424 – 5 (Núm. 4º) y Art. 428 (Lit. f, i) E.T. (importaciones que no causan impuesto de IVA, incluyendo la importación de maquinaria o equipo no producido en el país, destinado a reciclar y procesar basuras o desperdicios, y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente).
2014
Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, promoviendo la gestión eficiente de la energía, tanto en la eficiencia energética como en la respuesta de la demanda.
2015
Decreto 2143 de 2015: se adicionó el DUR 1073 de 2015, del Sector Administrativo de Minas y Energía, en la definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014.
2016
Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria estructural): establece por primera vez un conjunto de impuestos y beneficios tributarios verdes.
Decreto 1625 de 2016: reglamentario del impuesto nacional al carbono.
Resolución 668 de 2016, Minambiente: se reglamenta el uso racional de la bolsa plástica, eliminando bolsas menores de 30 x 30 cm, y exigiendo capacidad suficiente para soportar más peso, incluyendo mensajes alusivos al reciclaje y cuidado del planeta.
2017
Concepto General 140 del Impuesto Nacional al Carbono, DIAN, brindó claridad sobre aspectos relacionados con vigencia del impuesto, hecho generador, y deducibilidad.
Decreto 926 de 2017 Minambiente, reglamentario de la implementación de iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones, o remociones de gases de efecto invernadero, a cambio de la no causación del impuesto).
Resolución 26 de 2017 DIAN: reglamentario de la declaración y recaudo del impuesto.
Decreto 926 de 2017: reglamentario del impuesto nacional al carbono.
Decreto 2198 de 2017: reglamentario del impuesto al consumo de bolsas plásticas.
Decreto Ley 691 de 2017: crea el Fondo Colombia en Paz, que reemplaza al Fondo para una Colombia Sostenible de la Ley 1769 de 2015, para efectos del Art. 223 de la Ley 1819 de 2016 (impuesto nacional al carbono).
2018
Ley 1930 de 2018: modificó el Art. 223 de la Ley 1819 de 2016, en el sentido de fijar porcentajes de destinación a los recursos obtenidos con el impuesto nacional al carbono, incluyendo un porcentaje del 70 % a la implementación del Acuerdo de la Habana (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera), con criterios de sostenibilidad ambiental.

Fuente: elaboración propia, a partir de Lozano (2018)


Espero que ésta explicación sea útil para ustedes. Mil saludos a todos. 


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