Tips de planeación estratégica (y ética) para abogados: la percepción social (y ética) del público frente al abogado
Hola a todos:
Siguiendo la línea de mi publicación inmediatamente anterior, hoy quiero compartir
con ustedes, unos pequeños comentarios sobre otro aspecto que socioculturalmente
debemos tener en cuenta los abogados como variable para la proyección de los
bufetes o despachos jurídicos, y en general, para el ejercicio del derecho como
profesión liberal. Se trata de la percepción social y ética del público
frente al abogado:
El desconocimiento generalizado
sobre el aporte real del abogado a la sociedad conduce a cuestionarlos y
satanizarlos. Y existe una imagen muy arraigada en cuanto a que el abogado
antepone el interés propio sobre el de su cliente, abandonando la ética y privilegiando
lo material o económico
Se tiende a entender a los
abogados como personas (a) estructuradas: serias, formales e incluso rígidas
(atributo asociado al carácter tradicional de la profesión, y al trabajar con
la rigurosidad propia del marco normativo; (b) extrovertidos: pese a ser vistos
como estructurados, se consideran como personas que saben desenvolverse (con el
don de la oratoria), habilidad que suelen usar para distorsionar la realidad y
acomodar situaciones a su favor; (c) egoístas y deshonestos: la concepción
mediatizada de la profesión, la idea de un abogado capaz de defender cualquier
suceso en tanto aquello le represente un beneficio económico, buscando sacar
provecho o manipular situaciones mediante tecnicismos para lograr su cometido;
(d) personas con estilo de vida suntuoso (con la percepción de la abogacía como
una profesión bien remunerada) y de personalidad soberbia
Estos imaginarios promueven un
estereotipo del abogado como persona no ética, competitiva e individualista
En general, (a) el abogado ha
pasado a ser el chivo expiatorio de los males endémicos de la administración de
justicia (con la mora judicial, como su más elocuente manifestación); (b) han
estado históricamente más cercanos a las clases altas, por lo cual se les
percibe por el resto de clases sociales como profesionales lejanos, cuya
función se concreta a favorecer con ardides a quienes pueden sufragar sus
honorarios; (c) la deshonestidad de algunos abogados cometiendo abusos en el
ejercicio de la profesión, genera gran alarma en la sociedad, máxime cuando el
abogado interviene en contextos en los cuales la vida, honra y patrimonio están
en juego; (d) existe una creencia generalizada de que la ley recoge un catálogo
amplio y preciso de soluciones para la totalidad de conflictos que suceden en
la sociedad (asunción absolutamente falsa, pues es materialmente imposible que
la ley escrita pueda regular por entero las soluciones para todos los casos
posibles; esto es: el derecho sigue a las situaciones sociales, y no al revés),
de tal manera que ante casos oscuros o difíciles, se tiende a pensar que el
abogado manipuló el proceso para lograr un resultado contrario a la ley; (e)
todo lo anterior, aunado a un desconocimiento general sobre la trascendencia
social de la función del abogado, así como del funcionamiento del ordenamiento
jurídico
En Colombia, el derecho, después
de la medicina, es una carrera muy valorada por la población en general, sin
importar su condición socioeconómica. El prestigio social de esta profesión,
sin embargo, está vinculado al ropaje del abogado como profesional exitoso en
términos económicos y de poder. Socialmente se ve al derecho como una profesión
de formalismos, de gestión de relaciones públicas, de presentación de la
persona como profesional. En tal sentido: (a) la buena imagen del profesional
del derecho tiene un sesgo muy definido en la apariencia de la persona que
actúa como tal, dejando de lado otros valores más relevantes para el ejercicio
profesional (humildad, honestidad, solidaridad, ética); (b) los profesionales
del derecho gozan tradicionalmente de un gran prestigio en cuanto a la
exaltación de su éxito profesional y de su ropaje como abogados, para una
profesión altamente regulada, en términos de la regulación, vigilancia y
sanciones del Consejo Superior de la Judicatura, y además en cuanto a los
juicios de valor informalmente aplicados al abogado como parte de su
estereotipo
Hasta el 2019, 12574 abogados
fueron investigados por el Consejo Superior de la Judicatura, de los cuales
11545 fueron sancionados y 1029 absueltos. De los primeros, 365 fueron
excluidos de la profesión, 7737 suspendidos, 3259 censurados, 14 amonestados, y
170 multados. Mientras que el Barómetro Global de la Corrupción en América
Latina y el Caribe señalaba la percepción ciudadana de una justicia corrupta en
Colombia, indicando un incremento de la relación entre justicia y soborno, del
11% al 12%; y entre justicia y criminalidad, del 37% al 49%, entre 2017 y 2019.
Según el Índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas,
Colombia ocupa el lugar 49 entre 69 países
Hasta una próxima oportunidad,
Camilo García Sarmiento
Referencias
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