Planeación estratégica para bufetes de abogados: variables políticas actuales que afectan el macroentorno político colombiano (año 2021)
Hola a todos:
Revisando la coyuntura actual colombiana, me preguntaba
en estos días, ¿cuáles pueden ser las variables políticas que a nivel de macro
entorno, pueden afectar al sector legal colombiano (bufetes o despachos de
abogados)? Pensando en la fecha presente (año 2021), comparto con ustedes lo
que se me ocurrió:
·
Incertidumbre política actual
considerando las futuras campañas para las elecciones presidenciales 2022 en el
escenario post Covid – 19: El contexto político es de importancia fundamental
para el sector lega, pues todos los cambios normativos proferidos por el
Congreso como legislador ordinario y la Rama Ejecutiva (en ejercicio de la
potestad reglamentaria), deben ser recogidos por los despachos jurídicos para
así aplicarlo a los casos de sus clientes, frenando en algunos casos el
desarrollo de los servicios en asesoría legal (o promoviendo algunos nichos de
mercado específicos) y obligando, en todo caso, a una permanente actualización
En la preparación para los comicios legislativos
y presidenciales que tendrán lugar en mayo de 2022, se percibe una desafección
y descredito hacia el actual gobierno, ya que pasará a la historia la actual
presidencia como una de las más inoperantes de la democracia colombiana,
marcada por una línea errática, excesivamente represiva, poco definida en sus
prioridades y sin capacidad de diálogo con los actores sociales.
Por otra parte, en los últimos tres años han
sucedido nuevas expresiones de movilización social, lo cual conecta una disputa
clásica izquierda/derecha, tomando como indicador la votación obtenida en el
2018 por el candidato Gustavo Petro, que supuso en ese momento uno de los
mejores resultados electorales para la izquierda colombiana en toda su
historia, tema que genera mayor incertidumbre acera del futuro en nuestro país.
En este escenario, el 29 de
mayo de 2022 se celebrará la elección presidencial de Colombia, en la cual se
escogerá al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022 – 2026,
pudiéndose realizar una segunda vuelta el 19 de junio de 2022 entre los dos
candidatos con mayor votación, de no obtenerse, en primera oportunidad, la
mitad más uno del total de votos válidos. Teniendo en cuenta la cercanía de la
fecha, y la difícil coyuntura vivida con la pandemia del Covid – 19, es natural
esperar un ambiente de indecisión política, mientras se gestan las alineaciones
correspondientes para la futura contienda electoral.
·
Impacto de las últimas reformas
tributarias: en Colombia, se han hecho más de 50 reformas tributarias desde
1897, y 12 reformas desde el año 2000, cambios que han buscado una estabilidad
en el recaudo a corto, mediano y largo plazo, pero sigue pendiente de una
reforma más estructural que aseguren un recaudo más justo, equitativo y
efectivo, que permitan un crecimiento sostenible del país
Como reacción a la crisis, el Gobierno Nacional expidió el 14 de
septiembre la Ley de Inversión Social (Ley 2151 de 2021) que, siguiendo la
línea de otras reformas anteriores (Ley 1943 de 2018, de Financiamiento; y Ley
2010 de 2019, de Crecimiento Económico), apelando en buena parte a la
solidaridad del empresariado, impone cambios importantes frente a impuestos
clave como fuentes de recaudo (renta, IVA, ICA), busca impulsar el régimen simple
de tributación, y hace importantes avances en cuanto a la modificación del
procedimiento tributario y la lucha contra la evasión (impuesto de
normalización tributaria, registro de oficio en el RUT, facturación
electrónica, intercambio de información, entre otros)
·
Proyecto de reforma al Código Civil:
desde hace varios años, la Universidad Nacional de Colombia ha planteado la
posibilidad de efectuar una reforma a los Códigos Civil y de Comercio (que
datan de 1886 y 1971, respectivamente), integrándolos en un solo estatuto y
actualizándolo con los desarrollos jurisprudenciales correspondientes.
Sin embargo, el proyecto, denominado “Reforma del Código Civil
y su unificación en obligaciones y contratos con el Código de Comercio”, ha
recibido fuertes críticas en cuanto a que esta reforma es muy delicada,
inconveniente e innecesaria, cambiando las tradiciones jurídicas y las formas
actuales de hacer negocios
·
Necesidad
latente de adelantar una reforma estructural, a nivel pensional y laboral:
desde antes de pandemia, se ha insistido en la necesidad de discutir reformas
estructurales en materias laboral y pensional, las cuales son necesarias, pero
supremamente impopulares, previéndose como pendiente para el Gobierno que sea
electo en las votaciones de mayo de 2022.
Para ilustrar la importancia del tema, antes de la pandemia, tan
solo el 37% de los trabajadores colombianos lograba cumplir con los requisitos
legales para pensionarse al llegar su edad de retiro. Y subsisten las
discusiones sobre la necesidad de reducir la carga fiscal por el sistema
público de pensiones, así como ampliar sustancialmente la cobertura; teniendo
en cuenta el gasto que representan las pensiones del régimen de prima media con
prestación definida (administrado por Colpensiones), y la baja tasa de
reemplazo (esto es, el número de nuevos aportantes que entran a contribuir al
sistema para ayudar a soportar los recursos de las pensiones de los
trabajadores más cercanos a la edad de jubilación).
Ello supone discutir propuestas como flexibilizar la contratación
laboral, aumentar los porcentajes de contribución, aumentar la edad de retiro,
o incluso eliminar el régimen público (RPM, administrado en su mayoría por
Colpensiones)
·
Impacto de las medidas de
emergencia en la administración de justicia por el Covid – 19: con el fin de
hacer frente a la parálisis del servicio público de administración de justicia,
derivada de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio consecuencia de
la pandemia del coronavirus Covid – 19 (ocasionando el cierre temporal de todos
los juzgados nacionales y la suspensión de términos judiciales entre el 16 de
marzo y el 30 de junio de 2020), el Gobierno Nacional expidió el Decreto
Legislativo 806 de 2020, con el fin de implementar las tecnologías de la
información y las comunicaciones en las actividades judiciales, agilizar el
trámite de los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios
del servicio de justicia, norma que entró a regir el 4 de junio de 2020 y rige
hasta el 4 de junio del 2022.
Este decreto (que representa un gran salto hacia adelante, a pesar
de existir iniciativas previas en las normas procedimentales existentes,
notablemente el Código General del Proceso, C.G.P., y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A.),
obligó a la rama judicial a utilizar las TIC para todas las actuaciones,
audiencias y diligencias a través de los medios digitales disponibles,
procurando limitar la presencialidad a aquellos eventos en que no fuera
estrictamente necesaria; a no requerir de firmas manuscritas o digitales,
presentaciones personales o autenticaciones adicionales; a realizar
notificaciones personales con el envío de la providencia respectiva como
mensaje de datos a la dirección electrónica del destinatario; a implementar o
utilizar sistemas de confirmación del recibo de correos electrónicos o mensajes
de datos, entre otros. Lo cual ha elevado los índices de eficiencia y
efectividad, reconociendo la congestión judicial como una problemática
estructural y endémica de la administración de justicia
Hasta una próxima oportunidad,
Camilo García Sarmiento
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