Algunos comentarios sobre la crisis estructural de la justicia en Colombia
Hola a todos:
Reconociéndose la crisis estructural
de la justicia en Colombia como un problema en extremo complejo, es claro que
el nivel de credibilidad en la administración de justicia es bajo, aunque las
deficiencias de la Rama Judicial son también responsabilidad de las otras ramas
del poder público, y de la sociedad en general
Se ha señalado que esta crisis
tiene como importante componente la distorsión del sistema de cooptación (a
partir del cual, para mantener la distancia entre la justicia y la política,
esto es, mantener autonomía e independencia especialmente, de la Rama Ejecutiva;
se otorgó autonomía a la Rama Judicial para llenar las vacantes sin
nombramientos directos de los gobiernos u otros estamentos de poder), por
factores como falta de transparencia, concepción errada de la independencia
judicial y deficientes controles internos, en un auténtico corporativismo
judicial, especialmente en las Altas Cortes y el Consejo Superior de la
Judicatura, con una marcada politización
A lo anterior, se suma un grave
problema de eficiencia y eficacia, en tanto que la justicia en Colombia sigue
siendo lenta, ineficiente e insatisfactoria para gran parte de quienes acuden a
ella, en todas las jurisdicciones, con muchos cuellos de botella; además de
sentirse una absoluta lejanía, a pesar de la fuerza mediática de las Altas
Cortes (que impactan un porcentaje minúsculo de los usuarios de justicia),
entre el destinatario del servicio público esencial de justicia, y el grueso de
tribunales y jueces
Por mostrar indicadores
recientes, Colombia ocupa la posición 77 entre 128 países en el Índice de
Estado de Derecho 2020; con un 79% de los ciudadanos expresando una imagen
desfavorable de nuestra administración de justicia, y una mora judicial
considerable (de cada 100 procesos que ingresaron al sistema judicial en 2019,
solo 84 pudieron ser evacuados), con un alto indicador de litigiosidad (en
2019, las conciliaciones judiciales solamente solucionaron poco más del 6% de
los conflictos que llegaron a juicio).
Según la última Encuesta de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (DANE, 2019), solo el 29% de los delitos son
denunciados (el 21%, en las zonas rurales); mientras que el 45,6% de las
víctimas de hurto no denunciaron por desconfianza en el sistema de justicia, y
casi el 50% consideró que los jueces no contribuyen en nada a la seguridad
ciudadana. Dos años antes (DNP, 2017), se encontró que mientras el 49% de las
necesidades jurídicas eran tramitadas a través de los canales legales, un 24%
decidía no hacer nada; y un 26% optaba por resolver personalmente sus
conflictos, en algunos casos recurriendo a la violencia o a un actor ilegal
armado
Hasta una próxima
oportunidad,
Camilo García
Sarmiento
Referencias
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