Historia de nuestro derecho constitucional: La promulgación de la Carta Política de 1991

 Hola a todos:

Se dice insistentemente que la Carta de 1991 fue un tratado de paz, y que desde sus antecedentes hasta la forma como se constituyó, así como quienes participaron en ella, ratifican tal conclusión (Osorio, 2016). Su primer antecedente fue una audaz propuesta del presidente Virgilio Barco Vargas, de convocar al país a un referendo (1988) a fin de promover una profunda reforma a la Constitución, por vía distinta al procedimiento previsto en el Art. 218 de la Carta de 1886 que, como antes se señaló, había sido reiterado como única vía de reforma con el plebiscito de 1957; y con intervención final del pueblo en un referendo. Dicha propuesta nació de un pacto entre los partidos liberal (de gobierno) y conservador (liderado en su época por Misael Pastrana Borrero), al cual se denominó “acuerdo de la Casa de Nariño” (1988, febrero 20). Este acuerdo no pudo prosperar, pues el Consejo de Estado suspendió provisionalmente sus efectos al considerar que este acto administrativo, al tener un fin no contemplado en la Carta, era violatorio del Art. 218 Superior (Rey, 1989, 108; Sarabia, 2003, 60).

 

Frustrada la iniciativa, el Ejecutivo presentó un proyecto de acto legislativo a las sesiones ordinarias del Congreso, incluyendo el referendo y la asamblea constituyente como mecanismo de reforma constitucional, proyecto que fue aprobado en primera vuelta, pero fue abandonado a última hora por el propio Gobierno en diciembre de 1989 (Rey, 1989, 108), ante el riesgo de que saliera aprobado con una enmienda que proponía la abolición de la extradición, propuesta que había sido incorporada por la Comisión Primera de la Cámara en el temario del referendo que el presidente Barco, para fundamentar los acuerdos de paz con el movimiento M – 19, había adicionado a la reforma política que estaba en curso. La intervención del ministro de gobierno de entonces, Carlos Lemos Simmonds, para retirar el proyecto, era elocuente en afirmar que al incluir ese artículo sobre la extradición, se estaba invitando a los colombianos “no a un referendo sino a una carnicería”, pues quien se opusieran a su abolición – unos meses después del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989, agosto 18) – no tendría ninguna garantía para exponer sus puntos de vista en la plaza pública y sería “hombre muerto en cuestión de segundos” (Sarabia, 2003, 58).

 

En la época, la iniciativa de referendo del acuerdo de la Casa de Nariño había encontrado fuerte oposición entre los ex presidentes Alfonso López Michelsen y Carlos Lleras Restrepo, por considerarlo violatorio del Art. 218 de la Carta de 1886: “Dios nos libre – decía Lleras Restrepo – de que una reforma constitucional deje en manos del presidente la facultad de celebrar plebiscitos o referéndum sobre cualquier materia, cuando le venga en gana”. Mientras Restrepo era menos radical, y proponía, como alternativa, el uso de una “sombrilla jurídica” que era acudir al Acto Legislativo Nº 1 de 1986 (enero 9), que permitía las consultas populares, para conocer la opinión de todos los colombianos al respecto (Sarabia, 2003, 45 – 60).

 

Cabe aclarar que antes del proyecto frustrado de reforma que sirvió como antecedente de la Constituyente de 1991, se dio otra iniciativa igualmente fallida, por iniciativa de Alfonso López Michelsen (1975, diciembre 30), que buscaba la conformación de una asamblea constitucional, iniciativa que se concretó en el Acto Legislativo Nº 2 de 1977, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de entonces (1978, mayo 5), afirmando que las normas aprobadas en el plebiscito de 1957 por el constituyente primario no podían ser modificadas por el constituyente delegado, tesis que en parecer de López Michelsen conduciría a la creación de “normas constitucionales intocables”, mientras que sus detractores (como Carlos Lleras Restrepo) aducían que esas asambleas constituyentes eran de estirpe autoritaria, recordándose al efecto, propuestas similares de Laureano Gómez (1952) – frustrada por su derrocamiento – y Gustavo Rojas Pinilla, ésta última con el fin de buscar su reelección (Sarabia, 2003, 45 – 49).

 

La reforma que condujo finalmente a la Constitución de 1991 fue posible mediante un procedimiento que sus autores calificaron como “un plebiscito por el plebiscito” (Sarabia, 2003, 61). La “Séptima papeleta” – como así se le bautizó porque de esa manera literal se manejó – fue una propuesta que surgió con ocasión del magnicidio de Luis Carlos Galán, a partir de un movimiento estudiantil, liderado entre otros por (el galanista) Fernando Carrillo Flórez, con la cual se propuso incluir en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990, un séptimo voto en el que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con la siguiente leyenda: “Voto por Colombia. Sí a una asamblea constituyente”.

 

Ante la ausencia de mandato legal para imprimirlas y contabilizarlas (terminaron siendo publicadas por los periódicos para que los votantes las recortaran e introdujeran en las urnas), la Registraduría Nacional del Estado Civil las recogió pero no las escrutó, pero según el recuento hecho por los mismos promotores de la iniciativa, el resultado fue de 1.342.000 votos por la Asamblea Nacional Constituyente. La aparente alta votación de la Séptima Papeleta, y el entusiasmo y apoyo, especialmente juvenil, que generó, se convirtieron en un hecho político que fue aprovechado, por el gobierno del presidente Barco y todos los candidatos presidenciales, para promover una nueva posibilidad de reforma constitucional mediante ese mecanismo (Lemaitre, 2009; Alarcón, 2015).

 

Mediante el Decreto 927 de 1990 (mayo 3), el presidente Barco ordenó a la organización electoral adoptar todas las medidas conducentes para contabilizar los votos que convocaran la Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones presidenciales del 27 de mayo siguiente. La norma fue declarada exequible- sin adentrarse en analizar las competencias del constituyente primario ni el alcance de las mismas – por la Corte Suprema de Justicia (Sala Plena, 1990, mayo 24, Sentencia 59) tres días antes de celebrarse las elecciones, en las cuales votaron 5.236.863 personas a favor, contra 230.080 en contra (Sarabia, 2003, 61 – 62; Alarcón, 2015).

 

A los pocos días de la posesión del nuevo presidente de la República, César Gaviria Trujillo, el Ejecutivo expidió el Decreto 1926 de 1990 (agosto 24), mediante el cual se fijaba para el 9 de diciembre de ese mismo año la fecha en la cual los colombianos aprobarían o no la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y si estaban de acuerdo, escogerían a sus miembros. En esta norma también se expedía el temario de la asamblea, su composición y los requisitos que debían cumplir las personas que quisieran formar parte. Sobre su constitucionalidad se pronunciaría favorablemente la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena (1990, octubre 9, Sentencia 138) en votación reñida (14 a 12 votos), contrariando la opinión de su Sala Constitucional y del Procurador General de la Nación. Sin embargo, en dicha providencia se dejó por fuera el temario propuesto por el gobierno y el requisito de solicitarle a los aspirantes una caución. Con ello, la Constituyente quedó con plenas facultades para reformar toda la Carta Política, como en efecto así sucedió (Sarabia, 2003, 62 – 63; García, 2008).

 

Con la Sentencia 138 de 1990, la Corte avaló el Decreto que hizo posible “la Constituyente como camino” en medio de una profunda crisis de violencia guerrillera y narcoterrorista, y una legislación marcial bajo Estado de Sitio, recordando las rupturas del constitucionalismo colombiano, su regeneración continua y los remedios coyunturales creativos que se dieron para remediar las permanentes crisis (Restrepo, 2016).

 

La Asamblea Constituyente fue votada favorablemente por 5.236.863 ciudadanos, un número menor al que meses antes había sufragado por las listas del Congreso, lo cual dio pie para que algunos cuestionaran su representatividad, sin tener mayor eco ante los resultados y el entusiasmo que sus reformas despertaron (Sarabia, 2003, 63). Los miembros elegidos de la Constituyente sesionaron en el Centro de Convenciones de Bogotá, entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, cuando la nueva Constitución Política se firmó, por todos los Delegatarios Constituyentes.

Hasta una nueva oportunidad, 

Camilo García Sarmiento

Referencias:

Alarcón, O. (2015, junio 29) La séptima papeleta. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/opinion/la-septima-papeleta-columna-569151

 

Colombia (1991, julio 20). Constitución Política de Colombia. Bogotá, Colombia: Gaceta Constitucional Nº 116.

  

Corte Constitucional, Sala Plena (1994, abril 14). Sentencia C – 180 [M.P.: Herrera, H.]

 

García, W. (2008, octubre) Contexto jurídico de la 7ª Papeleta. Séptima papeleta [Blog]. Recuperado de: http://septimapapeleta.blogspot.com/

 

Lemaitre, J. (2009) El derecho como conjuro. Bogotá, Colombia, Ediciones Siglo del Hombre. Recuperado de http://proyectos.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/es/texto-catalogo/movimiento-estudiantil-1989-y-la-septima-papeleta

Presidente de la República (1990, mayo 3). Decreto 927, por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público. Bogotá, Colombia. Diario Ofician Nº 39335.

Restrepo, J. (2016, julio 10) El plebiscito de 2016, el de 1957 y la Constituyente de 1991. Razónpública.com Recuperado de: https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/9574-el-plebiscito-de-2016,-el-de-1957-y-la-constituyente-de-1991.html

  

Rey, E. (1989) Referendo y plebiscito. Chile y Colombia. Bogotá, Colombia. Ediciones Ciencia y Derecho.

Sarabia, A. (2003). Reformas políticas en Colombia. Del Plebiscito de 1957 al Referendo de 2003. Bogotá, Colombia. Editorial Norma S.A.